En las transacciones comerciales internacionales, las aduanas cobran un papel fundamental como ente regulador y fiscalizador.
La aduana es oficina pública y/o fiscal que, a menudo bajo las órdenes de un Estado o gobierno político, se establece en costas y fronteras con el propósito de registrar, administrar y regular el tráfico internacional de mercancías y productos que ingresan y egresan de un país. Son, entonces, elementos vitales en una economía global como la contemporánea, en la que el comercio y las relaciones internacionales son vitales para el desarrollo económico de un país.
Es decir, las aduanas se dedican a múltiples propósitos, como controlar el tráfico de bienes materiales que se importan y exportan, cobrando impuestos y tarifas a entes individuales o colectivos. Por lo cual se podría decir que tiene obligaciones: Fiscales (por el cobro de los llamados aranceles o derechos de exportación e importación), de Seguridad y Salud (para evitar el contrabando de mercancía, armas, drogas y también el ingreso de productos de consumo nocivo) y Estadísticas (debido a la sistematización de la información detallada de todas las exportaciones e importaciones que realiza el país, importante para la medición de las mismas y la obtención de datos). Además del control sobre las mercancías, la aduana también regula el tráfico (ingreso y egreso de personas y capitales a un país), aunque éstas no constituyen sus funciones principales, ya que existen otras instituciones orientadas a tales fines, por ejemplo, el sistema bancario.
Las aduanas cobran los aranceles debido al tipo de producto, a la condición del producto (exportación, importación), al precio de costo y a la situación económica del país (por ejemplo, encareciendo el producto extranjero para favorecer a los productos nacionales). Esto, claro, además de la aplicación de multas a aquellos que incumplan con las normas aduaneras.
La administración de la aduana sobre las mercancías tiene lugar a través del derecho de aduana o arancel aduanero, que refiere a aquella tarifa o coste que el dueño de los productos deberá abonar para permitir que éstos ingresen al país sin ser retenidos por la seguridad de la aduana. Las tarifas se disponen de acuerdo al tipo de producto, a la condición del producto (exportación, importación), al precio de costo y a la situación económica del país. Esto, claro, además de la aplicación de multas a aquellos que incumplan con las normas aduaneras.
Una de las razones por las cuales se cobra un derecho aduanero es que los mismos constituyen partidas arancelarias que son de uso exclusivo por el gobierno del país y, en definitiva, implican una importante fuente de ingreso para las políticas públicas. Al mismo tiempo, estas prácticas suponen una protección sobre la producción nacional, ya que imponer impuestos que encarezcan las mercancías extranjeras contribuiría al consumo de bienes elaborados dentro del país. En último término, la existencia de una aduana también permite las prácticas reguladas y en el marco de la ley, evitando el tráfico de productos ilegales entre fronteras.
Cabe señalar que la burocracia de las aduanas y ciertas normas arancelarias muchas veces devienen en corrupción. No es poco frecuente oír sobre los sobornos y el “dinero negro” que ‘corre’ por las oficinas de aduanas, lo cual significa un problema de pendiente resolución para las autoridades competentes en el tema, así como de las autoridades judiciales. En los países subdesarrollados, sobre todo, las grandes empresas buscan evitar ciertos pagos y ciertas normas, recurriendo a los sobornos para salir “libre” de gravámenes y multas, favoreciendo así la acumulación de su capital por sobre el beneficio del Estado que recibe y/o consume su mercancía.
La tarea pendiente de las administraciones tributarias de los países, y más que eso, de los Estados mismos, es optimizar todo lo posible el proceso de exportación e importación en aduanas, agilizando el proceso (evitando mucha burocracia), cobrando los impuestos justos y no reducirlos solo para “atraer inversionistas”, poniendo mano dura en cuanto a la corrupción de los funcionarios públicos y promoviendo el mercado nacional.
Fuente: El Diario del Exportador